Martes 21.11.2017
Actualizado hace 10min.

Industriales bonaerenses se sumaron a las críticas de Macri contra la "mafia de los juicios laborales"

Afirmaron que la conflictividad laboral desactiva inversiones e impide la generación de empleo.

 
Los industriales pymes presos de la industria del juicio aún sin solución de fondo
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Por Ariel Maciel

Industriales reclamaron un paraguas legislativo que proteja a las empresas de la "mafia de los juicios laborales" y se esperanzaron con la "urgente" adhesión de las provincias a la nueva ley de ART para morigerar las consecuencias de los reclamos en sede judicial de "casos que son exagerados o inexistentes". Empresarios fabriles salieron a respaldar las declaraciones del presidente Mauricio Macri contra una actividad que recaudó "en el último año y medio $10 millones".

Si bien no existen precisiones sobre el efecto de la industria del juicio, las estimaciones preliminares señalaron que se perdieron poco más de 55.000 puestos de trabajo por la "falta de seguridad y garantías" que tiene el sistema actual, según señaló el vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Rosato.

El dirigente bonaerense, que forma parte de la nueva Junta Directiva de la UIA, las pymes están "desprotegidas sin poder contar con ninguna seguridad y garantía que proteja nuestro patrimonio que genera en forma genuina el 70 % de la mano de del país". Por ese motivo reclamó la sanción de "una ley que garantice a las pymes industriales poder preservar las fuentes de empleo y poder generar nuevos empleos sin el temor de perder por un juicio nuestras empresas". Rosato agradeció a Macri por haber "entendido lo que está atravesando la industria pyme nacional, que conlleva a una gran caída del empleo a causa de este flagelo difícil de erradicar que es la industria del juicio instalada en forma mafiosa en la Argentina".

"Muchas pymes, señor Presidente, hoy estamos utilizando nuestras ganancias en pagos de juicios por la vía laboral. Podemos cambiar ésta situación sin que nuestros trabajadores que consideramos nuestro mayor capital dentro de nuestras empresas se perjudiquen. Debemos garantizarles indemnizaciones justas y equitativas buscando armonía y tranquilidad para todos", afirmó.

Rosato, que trabaja desde el Departamento de Política Social de la UIPBA en un informe detallado de la situación de conflictividad judicial, reclamó un "consenso entre todas las partes industriales", en las que involucró a gremios y Gobierno, con el objetivo de buscar una "solución definitiva a este impedimento de crecimiento que tiene el país y que destruyen lentamente el más preciado patrimonio, que es el trabajo argentino". Los industriales respaldaron con fuerza la sanción de la nueva ley de ART, que fue sancionada por el Congreso en febrero pasado, pero que aún falta que la gran parte de las legislaturas provinciales adhieran a la norma para hacerla efectiva en todo el país. Según los cálculos que reveló Macri, en la reunión que mantuvo con el Colegio de Abogados porteño, "en el último año y medio, $ 10.000 millones se han distribuido a través de este mecanismo".

Las industrias esperan una “urgente” adhesión de las provincias a la nueva ley de ART.

En los últimos años cayeron los siniestros laborales pero se duplicaron los juicios

Un informe de la SRT da cuenta de este fenómeno, que instó a una reforma en la ley estableciendo una instancia administrativa por medio de comisiones médicas, dejando la instancia judicial para los casos más complejos.      

El último informe de Judicialización en el Sistema de Riesgos del Trabajo 2010-2015, publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo da cuenta de un fenómeno llamativo: en dicho período cayeron los siniestros laborales pero se duplicaron los juicios.

En el mes de Octubre de 2016, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo puso en funcionamiento el Registro Nacional de Litigiosidad (RENALI), que había sido establecido por la Resolución SRT 198/2016. La creación del RENALI hizo posible la recopilación de datos para el monitoreo de distintos aspectos de la judicialidad,algunos de los cuales no eran de notificación obligatoria por parte de las ART hasta fines de 2015. 

No obstante este cambio, el Registro de Actuaciones Judiciales (RAJ) implementado entre 2010 y 2015 –a partir de la Instrucción SRT 4/2010--, brinda información que permite dar cuenta de la evolución de la judicialización en materia de riesgos del trabajo a lo largo del último lustro.

Consultado por el Cronista, Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), explica las causas del fenómeno: "Hasta 2012 existía la doble via, es decir, el empleado podía reclamar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) una indemnización por un accidente laboral y, en caso de considerar que el importe abonado no era suficiente, ya que la ART pagaba en función de un cuadro tarifario establecido en la Ley De Riesgos del Trabajo, accionaba ante la justicia demandando a su empleador para que éste le pague un resarcimiento por la misma causa".

Punto de quiebre

En 2012 se eliminó la posibilidad de la doble vía, lo que dividió las aguas entre sectores que vieron con buenos ojos la reforma, como la UIA y otros que se opusieron, como la CGT y la CTA, lideradas en ese entonces por Hugo Moyano y Pablo Micheli respectivamente.

“A partir de ese momento, mayormente se optaba por demandar a la ART y el empleador no era notificado, esto era utilizado por los abogados como argumento ya que tranquilizaban al empleado aduciendo que su empleador no se enteraba", remarca Colina. 

Según Colina, “este mecanismo funcionó hasta que en los últimos años las ART subieron las alícuotas a las empresas debido a los elevados índices de litigiosidad, de los cuales no siempre estaban al tanto. En algunos casos se pagaba más de ART que el importe descontado por obra social”.

“Los sectores con mayor litigiosidad son el de la construcción, industria y agricultura”, afirma Colina.

"La litigiosidad está concentrada en cuatro jurisdicciones. Si en ellas se registrara la misma tasa de judicialidad que en las restantes, el total de juicios de todo el país se reduciría en un 50%. En otras palabras, si el Poder Judicial de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba actuara parecido al del resto del país, se tendría la mitad de los juicios que se tiene en la actualidad", analiza el informe de IDESA.

 Fuente: Diario BAE / Cronista