Miércoles 13.12.2017
Actualizado hace 10min.

El plan McKinsey y la cuarta reforma del Estado

#PanoramaSemanal por Alejandro Bercovich. Esta semana: campo despejado para el oficialismo para achicar el Estado en 19.000 trabajadores.

 
La mesa de gobernadores y funcionarios que acordaron un mega pacto impositivo
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la reforma tributaria y al recorte previsional y la venia de la cúpula de la CGT a la flexibilización laboral fueron tan baratos para la Rosada que el Presidente dedicó la reunión de gabinete del martes directamente a la cuarta reforma, acaso la que más lo desvela: el achique de la planta de empleados del Estado.

Ayer, al firmar el acuerdo fiscal con las provincias, Macri volvió sobre el asunto. No solo pretende que al fi nal de su gestión haya menos empleados en la Nación, las provincias y los municipios. También busca que el Estado colabore como empleador en la meta que comparte con los hombres de negocios: una rebaja sensible del costo laboral. “El problema es que si les competimos con salarios más altos, el sector privado no va a generar la mano de obra que necesita”, aleccionó a los gobernadores. Y les recordó que tienen “una paritaria por delante, que siempre nos da una oportunidad”.

María Eugenia Vidal sonrió, como siempre. Si Roberto Baradel pretende que los maestros participen del banquete bonaerense del Fondo del Conurbano deberá hacer fuerza para colarlos. A nivel nacional, el preceptor del cambio es el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien empezó a ganarse la antipatía de algunos de sus colegas por su apuro para concluir la auditoría general que le encargó Macri antes de aplicar cirugía mayor. Según un powerpoint que elevó al primer piso de la Rosada apenas después del triunfo del 22 de octubre, solo en la administración nacional sobran 19.119 empleados. Es un 15% de la dotación relevada en 1.098 ofi cinas y reparticiones públicas (129.606 agentes). Por esos días aún restaba estudiar la tarea de otros 64.049 empleados en 388 áreas más.

Cerca de Ibarra aseguraron a BAE Negocios que los empleados que excedan la que consideran una “dotación óptima” no serán necesariamente despedidos, sino que antes se procurarán reubicaciones y se ofrecerán retiros voluntarios, para los que podrían recibirse créditos internacionales como en la década del 90. La faena ya empezó en la ANSES, donde Emilio Basavilbaso no escatima en indemnizaciones y despide sin causa, anticipándose a un año en que sus ingresos se desplomarán. Pero en el propio gabinete hay críticos que lo bautizaron el “plan McKinsey”, acaso en un gesto de rebeldía frente a la todopoderosa dupla de Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, veteranos de esa consultora global.

Impuestos internos 


Uno de los que desaconseja puertas adentro la purga de estatales es Jorge Triaca, obsesionado por contener el conflicto en las calles. Nacido y criado entre sindicalistas, el jefe de la cartera laboral sabe que los dirigentes que avalaron la reforma laboral son los mismos que Hugo Moyano acusó de someterse a la Banelco de la Alianza pero dos décadas más viejos. Desde entonces, hombres como Armando Cavalieri, Antonio West Ocampo, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez o los hermanos Daer acumularon experiencia y patrimonio pero también causas judiciales que los condicionan enormemente. Como la de AySA, de cuyas oficinas el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello acaban de secuestrar decenas de computadoras con datos que pueden salpicar con agua sucia a José Luis Lingieri y al delfín que le permitió colocar allí el kirchnerismo, Carlos Ben. O las que atormentan a Antonio Caló, quien terminó bajando la orden de avalar el primer congelamiento salarial de la era Cambiemos: el de los metalúrgicos fueguinos.

El clan Moyano, que tendrá en Pablo un agitador callejero contra la flexibilización y en Facundo (ya lejos de Sergio Massa) un tribuno parlamentario contra la reforma, también tiene en el patriarca su ala negociadora. Como sus antiguos adversarios, Hugo piensa más en Tribunales que en Azopardo. La causa que lo desvela es el concurso de acreedores de OCA, cuyo rescate a través del Correo Argentino continúa bloqueando la AFIP. Es uno de los aliados de Macri que espera, con Quintana, que Macri decida de una vez echar a Alberto Abad. El sabueso tampoco goza de la simpatía del consigliere José Torello, quien quisiera colaborar con los esfuerzos de otro exNewman, Ignacio Rosner, por quedarse con el imperio de Cristóbal López con fondos rusos offshore.

Los jefes de la AFIP manejan información más sensible que los de la AFI. Suelen ser muy poderosos pero el poder político (sobre todo el prestado) siempre se termina. Lo sabe Ricardo Echegaray, que a falta de mejor oficina se reúne con sus abogados penalistas en el lobby del Sheraton Park Towers, a la vista de todo el mundo. ¿Aprovechará Abad para irse antes que lo echen, después del espaldarazo público que recibió del mismísimo Macri su nuevo enemigo Marcos Galperín? Sería una injusticia: la Ley de Software sufrió modificaciones desde 2004 pero el último párrafo de su cuarto artículo sigue vigente. Es el que excluye explícitamente de sus beneficios fiscales el “autodesarrollo” de software. Es lo que hizo MercadoLibre y el argumento con el cual dejó de pagar 500 millones de pesos en impuestos.

El Presidente englobó a Galperín entre los grandes empresarios a su juicio demonizados equivocadamente por la sociedad. Con la misma idea en mente, Dujovne propuso en su proyecto equiparar los aportes patronales de Pymes y grandes firmas. Pero el Estado, por suerte para el CEO de MercadoLibre, es como Santa Rita: así como te da, te quita. Lo que le quiere cobrar a toda costa Abad puede llegar a financiarse con el gigantesco crédito que la sucursal Pacheco del Banco Nación está a punto de aprobarle. Apenas semanas antes de que entre en vigencia la orden que ya impartió el implacable Federico Sturzenegger de terminar con los créditos subsidiados.

Accionistas políticos


Galperín fue uno de los expositores en la gigantesca cumbre de empresarios y políticos que, con extremo sigilo, montó la semana pasada la Red de Acción Política (RAP) en el Sofitel de Cardales. La fundación que preside Alan Clutterbuck recibió también a VIPs como Santiago Soldati, José Cartellone, David Lacroze y Federico Braun, que almorzaron el miércoles escuchando al español Felipe González flanqueado por Gabriela Michetti y Margarita Stolbizer. También estaban los radicales José Corral y Ernesto Sanz y el socialista Miguel Lifchitz.

Fue en ese roscódromo secreto donde empezó a gestarse el sí de los gobernadores que amagaron inicialmente con resistirse al pacto fi scal que los obliga a congelar el gasto y reducir paulatinamente el tamaño de sus estados. El salte- ño Juan Manuel Urtubey jugó allí casi como un cambiemita más. El senador electo Esteban Bullrich no ocultaba su entusiasmo porque su bancada va a tener 25 miembros, pero lamentaba no poder estrenar ese poderío para aprobar el paquete de reformas. El Senado las discutirá antes de que asuma porque así lo pidió Miguel Pichetto. Con Cristina Kirchner en el recinto no puede garantizar nada, advirtió.

Por estos días, con el kirchnerismo en plena implosión, Macri experimenta la sensación que tiene Horacio Rodríguez Larreta desde que heredó su silla en Bolívar 1: la ausencia de una oposición mí- nimamente organizada. Es un fenómeno que envalentona hasta a los simples fiscales de mesa, como Cristiano Rattazzi. “¿Acá hay algún opositor? ¿Pero de qué oposición? ¿Hay oposición?”, provocó anteayer a Facundo Moyano el CEO de Fiat en un brindis del programa de radio El Lobby, en el hotel frente a la UIA. Macri les pide a sus ministros que no se agranden pero apura la cuarta reforma mientras el Congreso discute las primeras tres. El tiempo dirá si se apresuró o exprimió mejor que nadie su pico de poder.

Fuente: DiarioBae